El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó un nuevo reglamento del sistema penitenciario que endurece el control estatal en las cárceles, con el objetivo de desarticular el poder de las organizaciones criminales que operan desde el interior de los centros de reclusión.

La normativa introduce medidas como la eliminación total del uso de dinero en efectivo dentro de las prisiones y la implementación de sistemas electrónicos para todas las transacciones, con límites estrictos de gasto. La estrategia busca debilitar la economía ilícita de grupos como Los Choneros y Los Lobos, señalados de mantener redes de corrupción, extorsión y violencia desde los pabellones.

El decreto también contempla la creación de un subsistema de inteligencia penitenciaria, el fortalecimiento del armamento de los guías y la autorización de protocolos de uso de fuerza letal en caso de motines. Además, se ordena la instalación de inhibidores de señal celular en todos los centros para impedir que los reclusos coordinen actividades delictivas hacia el exterior.

Entre otras disposiciones, el reglamento establece nuevas condiciones para visitas y el uso de dispositivos de vigilancia, así como la obligación de que los procesados con medidas alternativas asuman parte del costo de los grilletes electrónicos. Estas acciones se enmarcan en la política de seguridad impulsada por Noboa frente al crimen organizado.

No obstante, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre posibles efectos adversos en la población carcelaria, advirtiendo riesgos de deterioro en las condiciones de vida. El Gobierno sostiene que las medidas son necesarias para recuperar el control institucional, mientras fuerzas de seguridad ya ejecutan operativos para implementar el nuevo sistema en todo el país.