La reforma de la Ley contra el Odio en Venezuela fue cuestionada por 24 organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran que los cambios propuestos no resuelven la situación de las personas afectadas por la aplicación de esta normativa.
En un comunicado, organizaciones como Provea y Espacio Público señalaron que la modificación no contempla la liberación de presos políticos ni la eliminación de los procesos judiciales abiertos bajo esta ley. Por ello, insistieron en que los cambios no ofrecen una solución a las víctimas.
Las ONG también advirtieron que el nuevo texto mantiene términos poco claros, como el «hostigamiento», que podrían utilizarse para sancionar a personas por expresar críticas, manifestar desacuerdos o compartir información de interés público.
La reforma fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y propone sustituir las penas de prisión por multas y trabajo comunitario. También establece sanciones administrativas para medios de comunicación y usuarios de redes sociales.
Ante esta situación, las organizaciones reiteraron su petición de derogar la ley, aprobada en 2017. Según datos de la ONG Foro Penal, al menos 927 personas han sido acusadas de incitación al odio desde la entrada en vigor de esta normativa.
