Más de 130.000 personas han solicitado su regularización en España en apenas una semana desde la entrada en vigor del nuevo decreto migratorio, en una respuesta que el Gobierno califica como histórica y sin precedentes recientes.
El proceso, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo la dirección de Elma Saiz, ha desbordado tanto las plataformas digitales como las oficinas físicas, reflejando la urgencia de miles de migrantes por formalizar su situación. La flexibilización de requisitos y la posibilidad de acceder a empleo legal en apenas 15 días tras la admisión del trámite han sido factores clave en la alta demanda.
La medida permite regularizar a quienes acrediten permanencia en el país antes del 1 de enero de 2026, con un permiso inicial de residencia y trabajo de un año. El Ejecutivo busca integrar a cerca de medio millón de personas en la economía formal, reduciendo la precariedad laboral en sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados domésticos.
No obstante, el volumen de solicitudes ha generado tensiones en la administración pública, con sindicatos denunciando una saturación del sistema y convocando movilizaciones para exigir refuerzos de personal. Las citas presenciales se encuentran agotadas en varias ciudades, mientras el Gobierno solicita apoyo a los ayuntamientos para agilizar trámites esenciales.
Organizaciones sociales han valorado positivamente el enfoque del plan, aunque advierten sobre el riesgo de exclusión para quienes no logren completar sus expedientes antes del plazo límite. Con una fecha de cierre fijada para finales de junio, las autoridades insisten en que no habrá prórrogas, en un proceso que podría redefinir la política migratoria en Europa
