El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de EE. UU., que respalde su orden ejecutiva destinada a eliminar la ciudadanía por nacimiento, un principio consagrado en la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda, según el cual todo niño nacido en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía.
Esta orden fue firmada por Trump el mismo día en que asumió su segundo mandato, pero ha permanecido bloqueada por los tribunales desde entonces.
En documentos recientes entregados al alto tribunal, abogados del gobierno afirmaron que la garantía de ciudadanía contemplada en la Constitución fue pensada exclusivamente para los antiguos esclavos y sus descendientes, y no para “los hijos de extranjeros que visitan temporalmente Estados Unidos o de extranjeros ilegales” y han calificado como “errónea” la interpretación histórica que durante más de un siglo ha sido respaldada por fallos previos de la propia Corte Suprema.
Si el tribunal decide aceptar el caso, los argumentos podrían ser escuchados a partir de octubre, con una decisión prevista para mediados del próximo año. La resolución final podría redefinir el alcance del derecho a la ciudadanía en Estados Unidos, y según expertos, tendría implicaciones legales y sociales.
