El Tribunal Constitucional de Perú resolvió dejar sin efecto el proceso judicial que se seguía contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular por el denominado Caso Cócteles, una investigación que involucraba presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal vinculados a los aportes recibidos durante las campañas electorales de 2011 y 2016.

La decisión se conoció tras la publicación de una resolución emitida el pasado 2 de octubre de 2025, en la que se declara fundada una demanda de habeas corpus presentada por la abogada Giulliana Loza Ávalos a favor de Fujimori Higuchi.

En el documento, el máximo órgano constitucional señala que tanto la investigación preliminar como la acusación formal presentada por el Ministerio Público el 2 de julio de este año quedan sin efecto, lo que también alcanza al juicio oral iniciado en 2024.

Uno de los fundamentos centrales de la resolución se basa en la figura de “receptación patrimonial”, incorporada al Código Penal peruano recién en noviembre de 2016.

El TC sostiene que aplicar esa figura legal a hechos ocurridos con anterioridad significaría una interpretación retroactiva y perjudicial de la ley penal, lo cual contraviene el principio de legalidad.

Asimismo, el tribunal cuestionó el encuadre del delito de organización criminal en el caso, al considerar que la intención de un partido político de ganar elecciones no puede ser interpretada como un fin delictivo ni comparable con la obtención de beneficios económicos ilícitos, requisitos esenciales para que se configure ese tipo penal.

El fallo también hace énfasis en el tiempo excesivo que tomó el proceso, la falta de claridad sobre la situación jurídica de Fujimori y las constantes devoluciones de la acusación fiscal para correcciones.

Estos elementos, según el TC, evidencian una violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.