La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González fue detenida en su vivienda, ubicada en la provincia de Manabí. Tras su arresto, integrantes del movimiento Revolución Ciudadana se reunieron en Quito y Guayaquil para reclamar su liberación.

Los participantes rechazaron la medida y expresaron su respaldo a González con consignas y pancartas. La convocatoria fue impulsada por dirigentes de su partido, que consideran que existe una persecución contra sus integrantes.
La detención está relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero. La Fiscalía busca esclarecer posibles irregularidades en el financiamiento de campañas políticas, incluida la suya en 2023.

Además, las autoridades abrieron otra investigación relacionada con posibles aportes de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El movimiento político, liderado por el expresidente Rafael Correa, ha denunciado que sus dirigentes son objeto de persecución.
Ante lo ocurrido, Human Rights Watch pidió que se respeten los derechos de González y que tenga acceso a una defensa adecuada. Las investigaciones continúan mientras sus seguidores mantienen sus exigencias de liberación.