Este miércoles se conoció que Rusia busca y ordena captura internacional para Pavel Durov, fundador de Telegram por su supuesta colaboración con actividades terroristas.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusa al multimillonario de no retirar canales y robots utilizados, según Moscú, para preparar atentados y sabotajes dentro del país. Esa permisividad habría provocado, según la versión del servicio secreto, «numerosas víctimas humanas», entre ellas mujeres y niños, además de pérdidas económicas de miles de millones de rublos.
Moscú no ha aportado pruebas públicas que demuestren la implicación personal de Durov en esos delitos.
El anuncio de una búsqueda internacional no implica necesariamente que Interpol haya emitido ya una notificación roja contra Durov, que reside oficialmente en Dubái, donde está la sede de Telegram. No obstante, viaja a Francia por una investigación judicial abierta allí y fue interrogado en París de nuevo este mes.
Durov, de 41 años, ya criticó su persecución en febrero, cuando se conoció la apertura de la investigación: «Rusia ha abierto una causa penal contra mí por ‘colaboración con el terrorismo’. Cada día las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, mientras intentan suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
