Al menos 40 cámaras de videovigilancia fueron localizadas y desinstaladas por las autoridades de Honduras este miércoles en la colonia Rubí, Choloma, Cortés.

Los equipos estaban instalados ilegalmente en espacios públicos, y eran utilizados por estructuras criminales para ejercer vigilancia y control territorial.

El equipo será sometido a peritaje forense para obtener indicios que contribuyan a las investigaciones y permitan identificar a los responsables.

Este no es el único punto en conflicto entre las autoridades y grupos delincuenciales. Esta acción se suma a operaciones similares desarrolladas recientemente en San Pedro Sula y Villanueva.

Honduras enfrenta una crisis de seguridad que afecta en las actividades diarias de los ciudadanos y que ha elevado el número de crímenes de distinta índole.

Durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro se declaró estado de excepción, sin embargo la operatividad criminal siguió en auge.

El programa de seguridad del presidente de Honduras, Nasry Asfura, se enfoca en el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) mediante la entrega de nueva flota vehicular, tecnología de punta y equipamiento táctico para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la extorsión.

Ambos han basado sus políticas de seguridad en el plan que ejecuta el gobierno salvadoreño encabezado por el presidente Nayib Bukele, sin embargo los resultados no son los esperados.

Actualmente El Salvador se ubica como el país más seguro de la región. Su estrategia de mano dura contra las pandillas logró reducir significativamente la actividad delincuencial. Más de 90 mil miembros de estructuras criminales han sido encarcelados, desmantelando las cabezas de mando.

En 2026, la seguridad en Honduras muestra un preocupante estancamiento y un repunte de la violencia tras años de descensos previos. El país registra un promedio de una muerte violenta cada cuatro horas, con proyecciones del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que sitúan la tasa anual de homicidios estancada entre 24 y 26 por cada 100,000 habitantes.