A menos de 10 días de concluir su mandato, Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo por presunta corrupción tras ser investigado por la fiscalía de liderar una red de tráfico de influencias en las que estarían involucradas las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.
De acuerdo con las denuncias, ambas ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en diferentes entidades del Estado a cambio del pago de comisiones y anticipos, aprovechando presuntos contactos dentro del Gobierno nacional.
Según las investigaciones, el esquema era el cobro de un millón de pesos (unos 315 dólares) por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones (unos 65,520 dólares) para comenzar las gestiones y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos adjudicados.
Petro se desmarcó de las acusaciones e insistió en que la Fiscalía debe esclarecer los hechos, al afirmar en un mensaje publicado en X que, si empresarios entregaron dinero a cambio de supuestas gestiones para obtener contratos, «dieron dineros como pendejos».
Además, que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una actuación de su Gobierno.
El escándalo representa uno de los últimos frentes políticos y judiciales para Petro antes de entregar la Presidencia el próximo 7 de agosto al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que pidió brindar todas las garantías de seguridad a Angie Rodríguez.
