Maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, dirigido por Joviel Acevedo, se pronunciaron el jueves en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, para expresar su rechazo a las reformas al magisterio que analiza el Congreso y plantear una serie de demandas laborales y sociales.
Las principales incomodidades de los docentes surgen tras la presunta modificación a los años laborales para optar a jubilación, pasando de 20 a 25 años de servicio. Además se estipula en el derecho al escalafón añadirá un peldaño, dificultando la posibilidad de alcanzar mejora salarial.
“Aquí nadie va venir a gobernar a través de la imposición. Aquí hay que consultar y a nosotros no nos han consultado nada”, dijo Joel Acevedo, líder sindical del STEG.
El sindicato también pide elevar a 25 quetzales por estudiante el presupuesto destinado a la alimentación escolar, frente a los montos actuales de 6 quetzales para preprimaria y primaria y 4 quetzales para otros niveles, además de un vaso de leche diario, uniformes y calzado escolar. El sindicato asegura que de no recibir apoyo a su propuesta se encargará de exponer ante los padres de familia a las bancadas que muestren resistencia.
“Y que no se apuntan a apoyar a las necesidades de las comunidades educativas. Nosotros no vamos a ir a poner en mal a nadie, solamente vamos a ir a decirle a los padres de familia estas bancadas no quisieron y les vale el bienestar de nuestros alumnos y alumnas”, señaló Acevedo.
La dirigencia del STEG asegura haber reunido más de 200,000 firmas de padres de familia que respaldarían sus demandas. Durante la jornada, los docentes también han planteado reclamos relacionados con el costo de los combustibles, la canasta básica y la inseguridad.
La jornada ocurre un año después de la prolongada huelga del magisterio que mantuvo suspendidas las clases en escuelas públicas durante 50 días, y derivó en más de 3,300 sanciones contra docentes, según reportes de medios guatemaltecos.
El Ministerio de Educación guatemalteco sostiene que el derecho a manifestarse no justifica la ausencia de los docentes de sus centros de trabajo y advierte que podría aplicar nuevamente mecanismos sancionatorios.
