La crisis poselectoral en Perú se agravó este miércoles tras la denuncia penal presentada contra el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, luego de que llamara a una eventual “insurgencia civil” y exigiera la nulidad total de las elecciones presidenciales, en medio de un escrutinio aún inconcluso.
López Aliaga, que disputa voto a voto el pase a la segunda vuelta, dio un ultimátum de 24 horas a las autoridades electorales para anular los comicios, alegando un proceso “viciado”. Su denuncia se apoya en las fallas logísticas que marcaron la jornada, con retrasos, mesas no instaladas y miles de votantes afectados en Lima y en el exterior, aunque observadores de la Unión Europea dijeron no haber encontrado pruebas de fraude.
La tensión aumentó mientras el conteo oficial mostraba que Roberto Sánchez desplazaba a López Aliaga del segundo lugar, detrás de Keiko Fujimori, lo que dejaría al dirigente conservador fuera del balotaje previsto para el 7 de junio. El incierto resultado volvió a golpear la frágil estabilidad política de Perú, un país sacudido en los últimos años por una sucesión de crisis institucionales.
En las últimas horas, otros dirigentes y figuras políticas se sumaron a los reclamos para anular la elección o cuestionar la legitimidad del proceso, entre ellos Wolfgang Grozo, Edward Málaga, Herbert Caller y Francisco Diez Canseco. Keiko Fujimori, en cambio, se desmarcó del llamado a una “insurgencia civil” y pidió que cualquier impugnación se tramite por la vía legal.
