El Gobierno de Estados Unidos autorizó a Venezuela financiar la defensa legal del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una decisión que busca destrabar el proceso judicial en su contra. La medida fue emitida a través de licencias enmendadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, permitiendo el pago directo a sus abogados en Nueva York.
El fallo se produce tras meses de tensiones legales en los que la defensa argumentó que las sanciones impedían garantizar el derecho a una representación adecuada. La autorización establece que los fondos no podrán provenir de activos petroleros bajo control estadounidense, obligando a Caracas a recurrir a otras fuentes de financiamiento para cubrir los elevados costos del proceso.
El juez federal Alvin Hellerstein desempeñó un papel determinante al cuestionar la postura inicial de la fiscalía, señalando que las consideraciones de seguridad nacional no podían prevalecer sobre los derechos constitucionales de los acusados. Maduro y Flores enfrentan cargos por narcoterrorismo tras su captura en enero de 2026 y traslado a una prisión federal en Brooklyn.
La fiscalía, encabezada por Jay Clayton, respaldó la decisión al considerar que garantizar una defensa sólida evitará futuras impugnaciones del juicio, previsto para comenzar en uno o dos años. El caso entra ahora en una fase clave de revisión de pruebas, donde se anticipa que la defensa cuestionará la legalidad de la operación que permitió la detención del exgobernante.
Analistas internacionales interpretan la medida como un gesto técnico que podría reflejar una leve distensión entre Washington y las nuevas autoridades en Caracas, encabezadas provisionalmente por Delcy Rodríguez. Sin embargo, el Departamento de Justicia subrayó que la autorización no altera la gravedad de los cargos ni el curso del proceso penal.
