El gobierno de Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast, ha iniciado gestiones diplomáticas para restablecer al menos a nivel consular sus vínculos con Venezuela, con el objetivo de agilizar la deportación de miles de migrantes en situación irregular.
Desde la Cancillería se mantienen conversaciones orientadas a reactivar estos canales, considerados importantes para poder identificar y gestionar el retorno de más de 6,000 ciudadanos venezolanos que cuentan con órdenes de expulsión, pero que no han podido ser enviados de regreso debido a la falta de aceptación por parte del gobierno venezolano sin procesos previos.
El Ejecutivo enfrenta un escenario complejo, con más de 330,000 extranjeros en condición irregular y más de 75,000 órdenes de expulsión vigentes, de las cuales aproximadamente la mitad corresponde a ciudadanos venezolanos.
Aunque recientemente se logró la salida de 40 personas hacia países como Bolivia, Ecuador y Colombia, la ausencia de venezolanos en estos operativos ha evidenciado las limitaciones actuales en materia diplomática.
En este contexto, el acercamiento con la administración venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez en el ámbito político, es visto dentro del gobierno chileno como una medida práctica para avanzar en la ejecución de expulsiones, especialmente de personas vinculadas a delitos como narcotráfico y robos.
La administración de Kast, que ha priorizado el control migratorio con iniciativas como zanjas en el desierto de Atacama, reconoce que no es posible concretar deportaciones hacia países que no aceptan a sus nacionales.
