La crisis migratoria vuelve a elevar la tensión entre Ceuta y el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acusó al Ejecutivo español de mantener una “pasividad absoluta” y le dio un plazo de 30 días para adoptar medidas efectivas. De lo contrario, advirtió que acudirá a los tribunales para exigir una respuesta del Estado ante una emergencia que comenzó con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.
Vivas exige acelerar el retorno a Marruecos de quienes ingresaron irregularmente y reclama más personal para tramitar las expulsiones. Su propuesta contempla movilizar a 50 funcionarios de Extranjería que, según sus cálculos, podrían procesar hasta 15.000 expedientes en un mes. El mandatario ceutí también cuestionó que, más de dos semanas después de la crisis, todavía no exista una cifra oficial precisa de cuántos migrantes permanecen en la ciudad ni de cuántos procedimientos de devolución han sido iniciados.
La presión continúa sobre una ciudad que todavía está lejos de recuperar la normalidad. El Gobierno central anunció cuatro nuevos espacios temporales con capacidad para 1.500 personas, mientras más de un centenar de migrantes iniciaron una huelga de hambre para reclamar asilo. Vivas sostiene que la respuesta sigue siendo insuficiente y amenaza con llevar el caso ante las máximas instancias judiciales si Madrid no actúa dentro del plazo establecido.
