En un hecho sin precedentes, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión, adoptada por la jueza Sandra Liliana Heredia, convierte a Uribe en el primer exmandatario colombiano en recibir una sentencia penal, marcando un momento histórico en la política y la justicia del país.
El fallo es el resultado de un prolongado proceso judicial iniciado por denuncias de manipulación de testigos y ofrecimiento de sobornos para desvirtuar acusaciones sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares.
El mismo Alvaro Uribe a través de su cuenta de X anunció que presentará una apelación inmediata ante el Tribunal Superior de Bogotá y calificó la decisión de “infamia” y “persecución política”. El partido Centro Democrático, fundado por el exmandatario, calificó la decisión como un “grave precedente”.
Ivan Duque, expresidente de Colombia, dijo mediante redes sociales que unos veintiocho exmandatarios de Iberoamérica y miembros de los Grupos Libertad y Democracia, asi como la Iniciativa Democrática de España y las Americas, confían en su inocencia y aseguran que su proceso estuvo plagado de irregularidades.
En contraste, sectores del oficialismo, organizaciones de víctimas y parte de la oposición celebraron la sentencia como un triunfo de la justicia colombiana, afirmando que el fallo envía un mensaje claro de que “nadie está por encima de la ley”. El presidente Gustavo Petro, sin referirse directamente al caso, defendió la independencia judicial y subrayó que la justicia en Colombia no se deja presionar.
