La incansable lucha de Teresa González Murillo por encontrar a su hermano terminó en tragedia. La madre buscadora, atacada el pasado 27 de marzo en Guadalajara, falleció este 2 de abril a consecuencia de las heridas sufridas durante un intento de secuestro en su domicilio. Su muerte se convierte en el primer asesinato de una buscadora en 2025 y el octavo en los últimos cuatro años, reflejando la creciente vulnerabilidad de quienes dedican su vida a buscar a los desaparecidos en México.
El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, al que Teresa pertenecía, denunció que ni la familia de la víctima fue informada oficialmente de su fallecimiento, enterándose a través de los medios de comunicación. Además, señalaron que hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha tomado cartas en el asunto ni ha brindado protección a los colectivos de búsqueda. “La memoria de Teresa González Murillo seguirá viva en nuestros corazones”, expresó el grupo en redes sociales.
Este asesinato ocurre en un contexto de violencia creciente en Guadalajara, donde las familias buscadoras han alertado sobre el peligro que enfrentan debido al avance del crimen organizado. No solo apuntan a los grupos delictivos como responsables de estos ataques, sino también a las autoridades estatales, a quienes acusan de entorpecer las investigaciones y de permitir que la impunidad se perpetúe.
El caso de Teresa González pone nuevamente en la mira nacional a Jalisco, estado donde recientemente se hallaron restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Colectivos han denunciado que las autoridades han realizado “limpiezas” en las fosas, eliminando pruebas clave y obstruyendo la búsqueda de justicia. A pesar de la presión social, el gobernador Pablo Lemus ha guardado silencio sobre ambos casos.
Teresa no solo buscaba a su hermano Jaime González Murillo, desaparecido desde septiembre de 2024, sino que también se convirtió en una figura clave en la lucha por los desaparecidos en el estado. Su asesinato, como el de otras madres buscadoras, expone la falta de garantías de seguridad para quienes emprenden esta lucha y la indiferencia de las autoridades ante la violencia que sufren.
