El gobierno de Donald Trump ordenó la creación de un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, argumentando que busca incentivar la salida voluntaria del país.
La administración de Donald Trump busca reforzar su estrategia migratoria con un nuevo registro obligatorio para inmigrantes indocumentados. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, aquellos que no proporcionen su información podrían enfrentar multas o incluso prisión. La medida, basada en una ley de 1940, tiene como objetivo rastrear a los extranjeros sin estatus legal y presionarlos para que abandonen el país de manera voluntaria.
A pesar de que el formulario aún no ha sido publicado, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración ha adelantado que será requisito para personas mayores de 14 años que hayan permanecido más de 30 días en EE.UU. Sin embargo, este registro no otorgará ningún beneficio migratorio ni protección contra la deportación. Para organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, esta medida es una estrategia encubierta para facilitar detenciones y expulsiones masivas.
El anuncio se suma a una serie de medidas implementadas por la administración Trump, como el reforzamiento del programa 287, que permite a policías locales colaborar con ICE, y la reactivación de operativos en espacios sensibles como escuelas e iglesias. Además, el gobierno ha señalado su intención de retomar el Título 42, que permite expulsiones rápidas bajo el argumento de salud pública.
Diversos grupos pro inmigrantes han expresado su rechazo a la medida, comparándola con prácticas discriminatorias del pasado. El Centro Legal Nacional para la Inmigración denunció que el registro podría ser utilizado para criminalizar a los indocumentados y afectar a personas con permisos temporales. Mientras tanto, la comunidad migrante se mantiene en alerta ante lo que consideran un nuevo intento de persecución bajo el pretexto de la seguridad nacional
