El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó al Pentágono a preparar planes para el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina, según revelaron medios internacionales. La medida, que redefine el narcotráfico como una amenaza de seguridad nacional, abre la puerta a operaciones militares directas en el extranjero, una práctica históricamente rechazada en la región.
El documento clasifica a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el grupo venezolano Tren de Aragua como “terroristas globales”, lo que permitiría a Washington emplear todos sus recursos, incluida la acción armada, para combatirlas. Aunque las fuentes citadas indican que no hay una intervención inminente, la iniciativa ha encendido alertas sobre su legalidad internacional y sus implicaciones para la soberanía nacional de varios países.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza al advertir que la medida podría derivar en “aviones estadounidenses bombardeando territorio colombiano”, calificándolo de “realidad inaceptable”.
En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá presencia militar estadounidense en territorio mexicano y subrayó que la cooperación bilateral debe darse “sin subordinación ni intervencionismo”.
Juristas y especialistas en derecho internacional cuestionan si el narcotráfico puede ser interpretado como un ataque armado que justifique la autodefensa bajo la Carta de la ONU.
Mientras Estados Unidos enmarca su postura en la lucha contra el fentanilo y el crimen organizado, los gobiernos latinoamericanos buscan proteger su soberanía, anticipando un nuevo capítulo de fricciones en la relación con Washington.
