Una corte de apelaciones del estado de Nueva York anuló la sanción civil de casi 500 millones de dólares impuesta al presidente Donald Trump en una demanda por fraude presentada por la fiscal general Letitia James. El tribunal determinó que la penalidad, que incluía multas e intereses, resultaba excesiva y violaba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, confirmó que sí hubo fraude al inflar el valor de sus activos para obtener mejores condiciones financieras.
El fallo refleja un panel de jueces dividido: mientras algunos reconocieron la validez de la acusación de fraude, consideraron desproporcionada la multa; otros reclamaron un nuevo juicio o incluso la desestimación completa de la demanda. La decisión mantiene vigentes ciertas medidas cautelares, como la prohibición temporal para Trump y sus hijos de ocupar cargos directivos en empresas con sede en Nueva York, y la supervisión externa de la Trump Organization continúa mientras se dirime el caso en instancias superiores.
Trump celebró la resolución como una “victoria total” y criticó el caso como motivado políticamente. Por su parte, Letitia James sostuvo que el tribunal ratificó lo fundamental: “Donald Trump, su empresa y dos de sus hijos son responsables de fraude”, aunque la pena económica haya sido revocada. El camino ahora podría continuar en el Tribunal de Apelaciones del estado de Nueva York.
