El proceso judicial contra siete antiguos líderes del último secretariado de las extintas FARC entró en su recta final el jueves con el inicio de la audiencia de verificación, que se realiza en la biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, Colombia.

Esta etapa, previa a la emisión de sentencia, forma parte del denominado “Caso 01”, liderado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y busca establecer si los excomandantes han cumplido con sus compromisos en cuanto al esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.

Este caso se enfoca en los más de 21,000 secuestros cometidos durante el conflicto armado colombiano por la exguerrilla, y tiene como acusados a Rodrigo Londoño, “Timochenko”, Julián Gallo, Pastor Alape, Jaime Parra, Pablo Catatumbo, Milton Toncel y Rodrigo Granda.

Sin embargo, solo cuatro de ellos asistieron a la diligencia, ya que Londoño, Catatumbo y Granda se ausentaron alegando problemas de salud.

El magistrado Camilo Suárez, integrante del Tribunal para la Paz, enfatizó en la audiencia que “insistimos en la importancia de comparecer de manera presencial. Recordemos que los comparecientes de las extintas FARC que están sometidos a la jurisdicción tienen una comparecencia forzosa, como también lo tienen los miembros de la fuerza pública”.

Un total de 80 víctimas participaron en la sesión, en la que también se discutieron los proyectos restaurativos trabajados junto a los afectados y las medidas de reparación que los exguerrilleros han propuesto. La JEP ha reconocido oficialmente a 4,213 víctimas en este proceso.

La audiencia continúa este viernes y una vez concluida, el tribunal dispondrá de 20 días hábiles para dictar sentencia. Esta podría convertirse en la primera resolución con contenido restaurativo emitida por la JEP desde su creación en 2017.

“Esta diligencia del Tribunal para la Paz de la JEP no solo abre la puerta a las primeras sentencias con contenido restaurativo, sino que representa una apuesta colectiva por convertir lo que nos pasó durante el conflicto armado en compromisos reales de verdad, reparación y no repetición”, afirmó la Jurisdicción.