La Fiscalía General de Costa Rica presentó una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves, a quien se le señala por presunta implicación en delitos relacionados con el financiamiento ilícito de su campaña presidencial en 2022.
La acusación de la fiscalía costarricense no solo alcanza al presidente Rodrigo Chaves, sino que también involucra a seis altos funcionarios, incluidos el vicepresidente Stephan Brunner y el canciller Arnoldo André, así como a cuatro diputados del partido oficialista Progreso Social Democrático.
El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia el levantamiento del fuero constitucional para poder llevar a juicio a todos los implicados.
Según las autoridades, durante la campaña de 2022 se recurrió a un fideicomiso privado y a cuentas bancarias personales, incluida una a nombre de una mujer de apellido Agüero, actualmente investigada en un proceso penal aparte, para canalizar fondos de forma encubierta, lo que habría permitido financiar actividades proselitistas sin rendición de cuentas ante las autoridades electorales.
La acusación contra Rodrigo Chaves surge en medio de un clima político marcado por el enfrentamiento entre los principales poderes del Estado. Desde su llegada al poder en 2022, Chaves ha sostenido una postura abiertamente crítica hacia el Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía, a los que ha señalado reiteradamente de frenar sus iniciativas de gobierno.
