El gobierno de Colombia manifestó su rechazo a las órdenes de captura emitidas por un tribunal de Guatemala contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, ambos exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), respaldada por la ONU. Son acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias y otros delitos relacionados con el caso Odebrecht, a pesar de gozar de inmunidad por su rol en dicho organismo.
El presidente Gustavo Petro cuestionó a la fiscalía guatemalteca y la comparó con otras de la región que, según él, «actúan al servicio del crimen y no de la ciudadanía». Por su parte, la cancillería colombiana calificó las órdenes como una “grave desviación de los estándares del derecho internacional”.
En la misma línea, la fiscal Luz Adriana Camargo declaró: “La determinación del Tribunal de Apelación desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias”.
Iván Velásquez, próximo a asumir como embajador en el Vaticano, también rechazará formalmente las acusaciones. El caso se suma a otras acciones emprendidas por el Ministerio Público guatemalteco contra exfuncionarios de la Cicig y fiscales que han intentado investigar a la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por supuestos actos de corrupción y conductas antidemocráticas.
