El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Guatemala emitió el martes una resolución histórica relacionada con la tragedia sucedida en marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y otras 15 resultaron gravemente heridas.
En el fallo, además de declarar culpables a cuatro exfuncionarios por homicidio culposo, la jueza Ingrid Cifuentes ordenó que se investigue al expresidente Jimmy Morales Cabrera, quién fungió entre 2016 y 2020, por su posible responsabilidad en los hechos.
“Se le ordena al Ministerio Público, que realice una investigación en contra del señor Jimmy Morales Cabrera, quien al momento de los hechos era el presidente de Guatemala, para establecer su participación en los hechos suscitados el día 7 de marzo de 2017”, señaló la jueza Cifuentes durante la lectura del fallo.
La jueza también explicó que el expresidente Morales habría dado la orden para que se desplegaran más agentes policiales en el hogar estatal un día antes del incendio. Estos elementos llegaron al lugar armados, en respuesta a una posible fuga de internas, lo que incrementó la tensión y precedió la tragedia ocurrida el 8 de marzo.
En esa jornada trágica, un incendio dentro de un aula del refugio estatal, ubicado a las afueras de la capital guatemalteca, provocó la muerte de 41 menores de edad. Las víctimas se encontraban encerradas bajo custodia estatal.
Las penas impuestas a los exfuncionarios van de seis a ocho años de prisión por homicidio culposo y podrían ampliarse debido a condenas adicionales por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato de menores. En Guatemala, según el Código Penal, las penas pueden acumularse, aunque su aplicación depende del criterio del tribunal, el cual no fue especificado durante esta audiencia.
Además, el tribunal halló culpable por abuso de autoridad al excomisario Armando Pérez Borja, quien recibió una condena de seis años. La misma pena fue dictada contra Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, por incumplimiento de deberes.
Por otro lado, Harold Flores, exintegrante del área jurídica de la Procuraduría de la Nación, fue el único absuelto en este proceso judicial que se ha extendido por más de ocho años, marcado por múltiples recursos legales y aplazamientos.
La decisión del tribunal abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia por una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de Guatemala y podría derivar en un proceso legal contra un expresidente por omisión o responsabilidad directa en un hecho que conmovió al país y generó indignación internacional.