La Policía Federal de Brasil desarticuló una peligrosa organización criminal que operaba como una célula clandestina de inteligencia, encargada de realizar espionaje y asesinatos por contrato.
En una operación denominada Lex Talionis, se detuvo a cinco personas y se ejecutaron allanamientos en tres estados, tras meses de investigación iniciados por el homicidio del abogado Antônio Carlos de Almeida Castro en 2023. Las autoridades descubrieron que la red estaba compuesta por civiles y militares, que cobraban sumas millonarias para vigilar y planear ataques contra jueces, fiscales y legisladores.
El grupo, que se hacía llamar “Comando C4” (siglas que evocan una ideología extremista contra comunistas, corruptos y criminale), utilizaba tácticas propias de la inteligencia militar, como disfraces y vigilancia encubierta.
Las sospechas apuntan a una infiltración preocupante de miembros desleales de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad en actividades criminales, lo que ha provocado alarma en las instituciones del Estado. Aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) evitó revelar nombres, se presume que varios de sus magistrados estaban entre los objetivos de los complots.
El caso ha generado una fuerte respuesta del Gobierno, que lo califica como un ataque sin precedentes contra la democracia brasileña. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, aseguró que el crimen organizado “no intimidará al Estado de derecho”, mientras que el jefe de la AGU denunció que esta trama fue alimentada por discursos de odio. El episodio se suma a un clima de tensión creciente en el país tras el intento fallido de golpe en enero de 2023, y refuerza las alertas sobre la radicalización violenta de sectores políticos y militares.
