Una tragedia sacude a Perú, tras la muerte de trece trabajadores vinculados a la empresa Poderosa que fueron asesinados y hallados en un socavón en el distrito de Pataz.
Los fallecidos, reportados como secuestrados días antes, fueron víctimas de la creciente violencia en esta región andina, donde operan bandas ligadas a la minería ilegal.
Frente a esta situación, el Ejecutivo ha decidido tomar medidas drásticas. La presidenta Dina Boluarte ordenó la suspensión total de las operaciones mineras en la provincia por 30 días, con opción a prórroga, además del despliegue de las Fuerzas Armadas para restablecer el control.
La medida busca frenar el avance de mafias que, según la mandataria, mueven cifras superiores incluso al narcotráfico mediante la explotación ilegal de oro.
Pataz, una zona de difícil acceso ubicada a casi 900 kilómetros de Lima, lleva meses bajo estado de emergencia. Aunque la minería es un pilar económico para el país, la presencia simultánea de operaciones legales, en proceso de formalización e ilegales ha creado un entorno violento y difícil de regular. El conflicto en esta región ilustra los desafíos presentes que enfrenta Perú para garantizar seguridad sin frenar su motor económico.
