El presidente panameño, José Mulino, declaró este martes el estado de emergencia en la provincia caribeña de Bocas del Toro, luego de semanas de protestas y bloqueos viales que derivaron en la paralización de actividades económicas clave, como el turismo y la producción bananera. La medida surge tras la decisión de la empresa Chiquita Brands de despedir a unos 5 mil trabajadores que mantenían una huelga desde finales de abril.
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 48, que establece la creación de una comisión de alto nivel para atender la crisis. Según el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el estado de emergencia permitirá acelerar contrataciones y proyectos esenciales para reactivar la economía local, sin suspender derechos constitucionales ni intervenir directamente en los bloqueos.
Las protestas iniciaron tras la aprobación de una reforma a la ley de seguridad social, rechazada por sindicatos como el Suntracs y gremios docentes, quienes denuncian que las modificaciones afectan negativamente sus condiciones jubilatorias. La huelga, declarada ilegal por un tribunal laboral, llevó a la interrupción de servicios, desabastecimiento y el aislamiento parcial de la provincia.
Chiquita Panamá, filial de la multinacional estadounidense, argumentó que la medida responde a una situación de fuerza mayor, citando pérdidas por más de 75 millones de dólares y daños irreversibles a la producción. La compañía también suspendió indefinidamente sus operaciones administrativas, agrícolas y logísticas en Bocas del Toro.
Las autoridades no precisaron la duración del estado de emergencia, mientras continúan las negociaciones con los sindicatos.
