La ONU acusó a 54 funcionarios entre militares, policías, magistrados y diputados del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, como presuntos responsables de “crímenes” y “represión sistemática”.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, revela que en los últimos siete años, los funcionarios nicaragüenses han jugado un papel clave en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y una fuerte persecución contra la sociedad civil.
Daniel Ortega de 79 años, es un exguerrillero que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y luego del triunfo de la revolución sandinista, regresó al poder en 2007.
Ortega y su esposa Rosario Murillo, autodenominados «copresidentes» tras una reciente reforma constitucional, son acusados por sus críticos de instaurar una «dictadura familiar».
Desde las violentas protestas de 2018, que dejaron más de 300 fallecidos según la ONU, ambos han intensificado su control sobre Nicaragua, restringiendo las libertades y persiguiendo a la oposición.
El gobierno de Nicaragua ha sido duramente criticado durante los últimos años, ya que ha expulsado y despojado de su nacionalidad a unos 450 críticos, incluidos políticos, periodistas, sacerdotes, escritores y empresarios. Muchos de ellos fueron encarcelados bajo acusaciones de «traición a la patria»
Además han cerrado más de 50 medios de comunicación y casi 5,700 ONG’s, con una masiva confiscación de bienes.
