La copresidenta Rosario Murillo anunció que el antiguo colegio San José, Nicaragua, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Josefinas en Jinotepe, Carazo, ha sido expropiado por el Estado. Según Murillo, el establecimiento, vinculado a eventos violentos durante las protestas de 2018, será reinaugurado como “Centro Educativo Bismarck Martínez”, en homenaje a un militante sandinista asesinado durante ese período.
Además, las autoridades dieron a las monjas pocos días para abandonar el país en lo que organizaciones católicas consideran un nuevo acto de persecución religiosa.
Murillo defendió el cambio como un símbolo de paz y victoria, asegurando que el lugar donde “operaban golpistas” se transformará “en manos del Estado” en un colegio público. Añadió que el honor se debe a “ese mártir cuya muerte conmovió al país” y que las labores de mantenimiento ya están en curso para su reapertura.
Este no es un caso aislado: desde enero, el gobierno también ha expropiado el seminario San Luis Gonzaga, en Matagalpa, y el centro espiritual La Cartuja, aumentando la tensión entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica. Las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el Vaticano atraviesan un momento crítico, marcado por desalojos, expulsiones de religiosos y cierre de instituciones eclesiásticas.
