La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar los argumentos en torno a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes temporales. La medida, considerada una de las más polémicas de su administración, enfrenta desafíos legales que podrían redefinir los límites del poder presidencial.
El gobierno de Trump sostiene que los tribunales inferiores no deberían tener la autoridad para bloquear de forma generalizada las políticas del Ejecutivo, argumentando que estas decisiones deben ser limitadas a los casos específicos que las originaron. Sin embargo, los críticos advierten que restringir estos bloqueos dejaría a miles de bebés nacidos en territorio estadounidense sin protección, exponiéndolos a la deportación o incluso a la apatridia.
Durante los argumentos, la jueza liberal Sonia Sotomayor cuestionó enérgicamente al abogado del gobierno, John Sauer, sugiriendo que la medida podría violar al menos cuatro precedentes del propio máximo tribunal. Por su parte, el juez conservador Clarence Thomas se centró en la legalidad de las medidas cautelares de alcance nacional, un tema clave en esta disputa.
El caso, que ha atraído a decenas de manifestantes a las afueras del tribunal en Washington, DC, podría redefinir la capacidad de los jueces para frenar políticas presidenciales a nivel nacional. Se espera que el fallo, que podría impactar a miles de familias en el país, se anuncie antes del cierre del periodo judicial, en junio o julio.
