El Ministerio del Interior turco ha tomado la drástica decisión de suspender de sus funciones al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en un movimiento que ha intensificado aún más la ya tensa situación política en el país. Esta medida se produce horas después de que un tribunal ordenara la prisión preventiva de Imamoglu, un destacado rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan, bajo cargos de corrupción. La suspensión, calificada como «temporal» por el Ministerio, ha generado una ola de indignación y protestas masivas en todo el país.
La orden de prisión preventiva contra Imamoglu se basa en una investigación por corrupción que involucra a al menos otras 20 personas de su círculo cercano, en su mayoría funcionarios del Ayuntamiento. El tribunal ha justificado la medida alegando «cargos de creación y dirección de una organización criminal, aceptación de sobornos y mala praxis en sus funciones». Sin embargo, en una segunda investigación por vínculos terroristas, el mismo tribunal ordenó la libertad con cargos, reconociendo la «fuerte sospecha de complicidad con una organización terrorista armada», pero considerando innecesario su arresto en esta etapa, dados los cargos financieros ya imputados.
La detención de Imamoglu, llevada a cabo en una redada policial en su domicilio el miércoles, ha desencadenado la mayor ola de protestas en Turquía en la última década. Las manifestaciones espontáneas se han extendido por todo el país, con ciudadanos expresando su descontento desde los balcones de sus hogares, haciendo ruido con cacerolas y silbatos. La noche del sábado, las concentraciones alcanzaron su punto álgido, con miles de personas exigiendo la dimisión del gobierno y clamando por «derecho, ley, justicia».
La respuesta del gobierno a las protestas ha sido contundente. La policía ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, y según el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, más de 800 personas han sido detenidas en los últimos cuatro días, ya sea durante las manifestaciones, en redadas policiales o por criticar al gobierno en redes sociales. La designación de un fideicomisario para el barrio de Sisli, tras la detención de su alcalde, Resul Emrah ahan, por cargos de terrorismo, ha añadido más leña al fuego.
La situación política en Turquía se encuentra en un punto crítico, con la oposición denunciando una persecución política contra Imamoglu y el gobierno defendiendo la legalidad de sus acciones. La suspensión del alcalde y su encarcelamiento han generado un clima de incertidumbre y tensión, con el temor de una escalada de violencia en las calles. La comunidad internacional observa con preocupación los acontecimientos, mientras que dentro de Turquía, la división entre partidarios y detractores del gobierno se profundiza.
