La extorsión es uno de los delitos que más afecta al sector transporte en el Perú, al grado que expertos incluso lo comparan al desafío de erradicar grupos dedicados al narcotráfico en el país sudamericano.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, solo en la capital peruana se registró en 2024 al menos un centenar de homicidios vinculados a este delito, siendo los conductores de autobuses, mototaxistas y taxistas las principales víctimas.

Pero a este sector amedrentado se suman comerciantes, ingenieros civiles, barberos, dirigentes sociales y obreros de construcción.
“Es un delito fácil de cometer y difícil de combatir”, reconoció el coronel Franco Moreno, jefe de la división antiextorsión de la Policía Nacional, en declaraciones a la prensa.

A diferencia de otros crímenes, la extorsión tiene un fuerte impacto social y psicológico: las víctimas mantienen contacto directo con sus agresores, quienes las amenazan a diario, semanal o mensualmente. Para aterrizar la situación, está el caso de una vendedora de ropa quien relató que recibió mensajes exigiéndole 30.000 soles bajo amenaza contra su vida y la de sus hijos. En medio de la ineficacia de las autoridades optó por reforzar su vivienda tras sufrir un atentado con dinamita, sin embargo, asegura que el miedo no ha desaparecido.

 

El problema es transversal para las autoridades. La policía enfrenta grandes obstáculos para combatir a las bandas criminales. Las operadoras telefónicas tardan en responder a solicitudes de geolocalización de los celulares usados en los chantajes, y las autoridades carecen de equipos de rastreo de comunicaciones.

“El retraso en la información tecnológica nos tiene arrinconados”, admitió Moreno, quien aseguró que las fuerzas de seguridad han debido desarrollar métodos “empíricos” para ubicar a los responsables.

En marzo, el gobierno de Dina Boluarte desplegó militares en las calles para reforzar los operativos policiales. No obstante, en un informe publicado en julio, Human Rights Watch advirtió que persisten en Perú condiciones “excepcionalmente favorables” para la expansión de la extorsión, debido a un Ejecutivo “débil” e “incapaz” de enfrentarla con eficacia.

Las cifras reflejan la magnitud del problema: las denuncias pasaron de 2.400 en 2023 a más de 15.300 en 2024 en todo el país. Y, según la policía, la modalidad delictiva está mutando: en muchos casos ya no hay negociación, los atacantes colocan explosivos y después llaman a las víctimas.