La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans dictó este jueves una histórica decisión al prohibir al gobierno del presidente Donald Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 reservada para tiempos de guerra, en los procesos de deportación de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

La jueza Leslie Southwick, acompañada de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, desestimaron el argumento del gobierno de que la organización criminal actuaba como una fuerza invasora, respaldando la interpretación de que la ley no puede aplicarse en tiempos de paz. El único voto en favor de la Casa Blanca fue emitido por el magistrado Andrew Oldham, designado por Trump.

Este fallo responde a la expulsión de más de un centenar de venezolanos, quienes fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo esta ley en marzo de este año. A pesar del bloqueo temporal de la medida, la Casa Blanca ya ha anticipado su intención de apelar la decisión, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema, que previamente intervino en varias ocasiones para suspender las deportaciones bajo circunstancias similares.

Este revés judicial se suma a otros desafíos legales que ha enfrentado el presidente Trump en los tribunales, incluyendo la invalidación de varias políticas migratorias. Recientemente, un juez federal declaró ilegal el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en California para realizar redadas migratorias, mientras que una corte de apelaciones invalidó parte de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales.

Además, tribunales federales han bloqueado intentos de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos y han suspendido la aplicación de la orden ejecutiva de Trump que buscaba terminar con la ciudadanía por nacimiento. Los jueces han reiterado que el presidente no puede invocar leyes de tiempos de guerra en contextos de paz ni ampliar su poder más allá de lo previsto en la Constitución de los Estados Unidos.