Un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. ratificó este miércoles la suspensión temporal que impide al gobierno de Donald Trump deportar inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 diseñada para tiempos de guerra. La decisión, tomada por dos de los tres jueces del panel, representa un golpe judicial para la política migratoria del presidente, que buscaba aplicar la ley para expulsar de inmediato a migrantes venezolanos acusados de vínculos criminales.
El Departamento de Justicia había solicitado levantar la restricción argumentando que la medida interfería con la seguridad nacional y con acuerdos internacionales. Sin embargo, las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett rechazaron la petición, señalando que existen otras herramientas legales para procesar a personas consideradas una amenaza, sin vulnerar sus derechos procesales básicos.
La controversia se centra en la deportación de más de un centenar de migrantes venezolanos, algunos señalados como miembros del Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela. El uso de una ley de guerra para justificar estas expulsiones provocó críticas de defensores de derechos humanos y cuestionamientos sobre la legalidad de las medidas.
El juez disidente, Justin Walker, nominado por Trump, opinó que el caso debía haberse tramitado en Texas, donde se encontraban los migrantes detenidos. A pesar de la división, la suspensión judicial permanece vigente mientras el Departamento de Justicia anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema.
El fallo supone un alivio temporal para cientos de migrantes que permanecen bajo amenaza de deportación, mientras que la administración Trump ha defendido sus acciones como necesarias para proteger la seguridad de Estados Unidos
