Como un “duro golpe” calificó el martes la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal, TPS, una medida que ha evitado por años la deportación de unos 72,000 hondureños.
La mandataria aseguró que mantendrá un diálogo “abierto y franco” con Washington para evitar que se concrete una expulsión masiva de sus compatriotas.
“La cancelación del régimen de protección temporal (TPS) es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política, y representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños. A ellos les digo con firmeza: no están solos”, expresó la presidenta a través de sus redes sociales, en un mensaje dirigido a la comunidad migrante.
En respuesta al anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Castro indicó que su administración tomará acciones para brindar respaldo inmediato a los hondureños afectados. “He instruido a nuestra Cancillería a utilizar todos los recursos que permite la ley y a redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos”, aseguró.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quienes actualmente están amparados bajo el TPS tienen hasta el 6 de septiembre de este año para encontrar vías legales que les permitan permanecer en Estados Unidos, como peticiones familiares, solicitudes de asilo o permisos de trabajo. De no lograrlo, deberán prepararse para retornar a Honduras.
El TPS fue concedido tras el paso del huracán Mitch en 1998, una tragedia que dejó severos daños en Centroamérica. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump consideró que las condiciones que justificaban esa protección ya no existen y optó por cancelar el programa para cerca de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses.
