La administración del presidente Donald Trump presentó este miércoles una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos para anular una orden judicial que mantiene el Estatus de Protección Temporal, TPS, para más de 350 mil venezolanos, una medida que podría reactivar su deportación si es aprobada.
El TPS fue otorgado a los venezolanos por razones humanitarias, debido a la situación de crisis política, económica y social que atraviesa el país sudamericano. Sin embargo, la administración Trump ha intentado eliminar esta protección desde su mandato, y ahora solicita al máximo tribunal estadounidense que revierta el fallo del juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, quien bloqueó la cancelación de dicho estatus al considerar que estaba motivada en parte por razones discriminatorias.
El Departamento de Justicia argumentó en la nueva petición que la decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional de extender el TPS no debería estar sujeta a revisión judicial. Esta solicitud ocurre luego de que una corte de apelaciones en California rechazara un intento previo de revertir la decisión del juez Chen.
La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, advirtió que la acción del gobierno Trump expondría a cientos de miles de venezolanos a procesos de deportación, dejando en el limbo legal a personas que ya residen, trabajan y han echado raíces en comunidades de todo el país bajo este estatus temporal.
El mismo día de la apelación, un juez federal en Texas dictaminó como ilegales ciertos esfuerzos del gobierno para deportar venezolanos bajo una norma migratoria del siglo XVIII, en un caso separado que, aunque no vinculado directamente, resalta la presión legal que enfrentan los migrantes venezolanos en Estados Unidos.
Este nuevo intento de suspender el TPS para venezolanos se suma a una serie de acciones de la administración Trump para restringir programas similares, afectando también a más de 500 mil haitianos y centroamericanos.
