La Fiscalía General de Costa Rica presentó la acusación ante la Corte Suprema, señalando que el presidente Rodrigo Chaves habría incurrido en concusión, delito que castiga al funcionario público que, abusando de su cargo, induce a otro a dar o prometer beneficios patrimoniales indebidos.
El caso involucra el uso irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la contratación de servicios de comunicación.
La acusación también alcanza al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, y al exasesor presidencial Federico Cruz, quienes habrían participado en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A. El caso surgió tras publicaciones del diario La Nación, basadas en audios grabados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien señaló presuntas prácticas ilegales en el proceso.
El Gobierno responsabiliza a Navarro por la contratación y presentó una denuncia contra ella y el medio por la difusión de los audios, considerados ilegales. La Corte Suprema deberá decidir si el caso se traslada al Congreso para el levantamiento de la inmunidad presidencial.
