Los persistentes disturbios y bloqueos en medio de protestas contra reformas al sistema de seguridad social han obligado al Gobierno de Panamá a prorrogar este martes el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, en el Caribe panameño, por cinco días adicionales. La medida, que suspende ciertas garantías constitucionales, busca permitir una respuesta más efectiva por parte de las fuerzas de seguridad.
El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, tras la aprobación del Gabinete. Según explicó, la situación en áreas como Changuinola aún requiere una intervención sostenida para recuperar la calma. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, indicó que se mantienen operativos policiales para desbloquear carreteras y perseguir a responsables de actos vandálicos.
Las autoridades informaron que 267 personas han sido detenidas en el marco de la operación «Omega», que busca restablecer el orden en la zona. De ellas, 177 han sido puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que otras continúan bajo investigación. Además, se reporta el cierre de al menos 10 puntos viales en la provincia.
El Ejecutivo también elevó el fondo destinado a mitigar los efectos del vandalismo en la región, pasando de 10 a 40 millones de dólares. Estos recursos se utilizarán para atender daños en instalaciones públicas, comercios y bienes sustraídos durante los disturbios ocurridos desde abril, cuando comenzaron las protestas lideradas por sindicatos docentes y de la construcción.
El estado de urgencia se suma a una declaración previa de emergencia dictada en mayo y refleja la gravedad de la crisis social en Bocas del Toro.
