Un tribunal argentino ordenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados en la causa “Vialidad” pagar más de 500 millones de dólares al Estado. Si no lo hacen en un plazo de diez días hábiles, podrían rematarse los bienes embargados para cubrir la deuda.
La suma corresponde a perjuicios económicos derivados de adjudicaciones de obras viales en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, que habrían favorecido al empresario Lázaro Báez. La Corte Suprema ratificó la sentencia y autorizó la ejecución patrimonial.
Cristina Fernández, actualmente bajo prisión domiciliaria, podrá evitar el embargo si deposita su parte en una cuenta judicial. La resolución alcanza también a exfuncionarios implicados, señalando un daño concreto al patrimonio público argentino.
