Al menos 46 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela fueron liberadas en los últimos días, en un proceso que se desarrolló de manera progresiva en la cárcel de Yare, a las afueras de Caracas. Familiares se congregaron en el lugar durante horas, a la espera de confirmaciones sobre las excarcelaciones.
Las liberaciones forman parte de una ley de amnistía promovida por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, instaurado tras la salida de Nicolás Maduro a inicios de año. La medida surgió en medio de presiones internacionales y contempla beneficiar a cientos de detenidos, aunque aún deja a un número significativo fuera.
Entre los casos excluidos destaca el denominado “PDVSA Obrero”, que agrupa a más de 170 personas acusadas de delitos como sabotaje, corrupción y contrabando. Este grupo no fue incluido inicialmente en la amnistía, lo que ha generado reclamos por parte de familiares y organizaciones.
Desde el Parlamento se informó que una comisión especial evalúa los expedientes que no fueron considerados en la ley, lo que podría derivar en nuevas liberaciones. Mientras tanto, allegados a los detenidos denuncian retrasos y falta de claridad en el proceso.
Aunque algunos de los excarcelados han rechazado las acusaciones en su contra, organizaciones estiman que cerca de 500 personas continúan privadas de libertad sin acceder a estos beneficios.
