El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha ordenado la revisión y cancelación de todos los contratos federales vigentes con la Universidad de Harvard, en una medida que representa el punto más alto de su disputa con la institución académica. La decisión podría afectar convenios por un valor estimado de 100 millones de dólares.
Una carta enviada por la Administración de Servicios Generales, GSA, por sus siglas en inglés, instruyó a todas las agencias federales a identificar y, de ser posible, rescindir o transferir sus contratos con Harvard. La medida forma parte de una campaña más amplia del Gobierno contra las universidades de élite, a las que acusa de promover «ideologías antiestadounidenses», antisemitismo y discriminación racial en sus procesos internos.
La administración Trump también ha exigido a Harvard una serie de reformas, incluyendo auditorías ideológicas, el cierre de programas de diversidad y la entrega de datos sobre estudiantes internacionales. Ante la negativa de la universidad a someterse a estas condiciones, el Gobierno ha intensificado las sanciones, incluyendo la revocación temporal de su capacidad para inscribir alumnos extranjeros, decisión que fue frenada por un tribunal federal.
Harvard ha rechazado todas las acusaciones, calificándolas de inconstitucionales y de una amenaza directa a su autonomía académica. La universidad sostiene que estas acciones buscan socavar su independencia y silenciar la disidencia ideológica. Ha respondido con demandas judiciales para bloquear los recortes y proteger su comunidad internacional.
