Donald Trump está redoblando esfuerzos y medidas para lograr sus objetivos de deportación.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos intenta utilizar a agentes de la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, para colaborar en labores de aplicación de leyes de inmigración en coordinación con el ICE.

La información, difundida por The Wall Street Journal, sostiene que la petición fue hecha directamente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien busca que los agentes del IRS ayuden en las investigaciones financieras relacionadas a redes de trata de personas y empresas que contratan indocumentados.

La experiencia de los 2,290 elementos especiales del área de investigación criminal del IRS, en el rastreo de flujos financieros para identificar actividades ilícitas vinculadas a la migración ilegal, sería aprovechada para cumplir con los objetivos de la administración Trump, según lo escrito por Kristi Noem en una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Durante la administración Biden el IRS contrató nuevos elementos, durante su campaña, Donald Trump advirtió que pretendía reorganizar ese departamento, y que en lugar de despedirlos probablemente los enviaría a la frontera sur.

“Desde el primer día detendremos inmediatamente la contratación de nuevos agentes de IRs, de los que contrataron, contrataron. Estamos contratando 88,000 nuevos trabajadores para perseguirte… Estamos en el proceso de desarrollar un plan para despedirlos a todos o tal vez los trasladaremos a la frontera. Creo que los trasladaremos a la frontera.”

En 2024, IRS identificó más de 2.100 millones de dólares en fraudes fiscales y otros 7.000 millones de dólares en delitos financieros, según datos oficiales citados por The Washington Post.

La sección 6103 del Código de Rentas Internas prohíbe la divulgación de información fiscal, excepto por orden judicial o cuando se trata de la investigación de delitos no relacionados con impuestos, sin embargo, estas restricciones podrían modificarse si el Congreso de Estados Unidos aprueba nuevas leyes que permitan compartir datos fiscales con otras agencias gubernamentales.