La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue escalando tras las amenazas de Washington de imponer nuevas sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro no acepta la repatriación de sus ciudadanos deportados.
Para la administración de Donald Trump, la cooperación en este tema no es negociable y exige que Caracas reciba a sus nacionales sin condiciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que no habrá concesiones ni recompensas por el cumplimiento de esta obligación.
La estrategia migratoria de Trump ha intensificado las expulsiones, con un enfoque especial en grupos criminales como los cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la pandilla M-13, a los que ha designado como organizaciones terroristas. En respuesta a lo que considera un incumplimiento de Venezuela en los vuelos de repatriación, EE.UU. revocó la licencia de Chevron para operar en el país caribeño, aumentando la presión sobre Maduro.
Aunque el gobierno venezolano aceptó reanudar los vuelos el 13 de marzo, al día siguiente alegó problemas meteorológicos para la cancelación.
Mientras tanto, otros países de la región han adoptado posturas distintas. El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, no solo ha aceptado recibir a deportados, sino que incluso ha ofrecido detenerlos en su megacárcel. Guatemala, por su parte, ha ampliado el número de vuelos de repatriación. Sin embargo, Venezuela sigue siendo un punto de conflicto clave, con la Casa Blanca enviando a su enviado especial a Caracas para tratar de forzar una respuesta.
