El gobierno de Colombia expresó su inconformidad con Ecuador por la reciente deportación de ciudadanos colombianos que se encontraban presos en cárceles de ese país, sin previo aviso ni coordinación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó la acción como un “gesto inamistoso” y lamentó que el Ejecutivo ecuatoriano haya ignorado las “respetuosas y reiteradas” solicitudes para establecer un protocolo conjunto antes de ejecutar los traslados.

Aunque la Cancillería colombiana no especificó cuántos internos fueron devueltos, advirtió que en las condiciones en que se realizaron las deportaciones, no se puede garantizar que se respeten sus derechos ni su trato digno.

Por su parte, las autoridades del municipio fronterizo de Ipiales, en Nariño, señalaron que si los deportados no tienen procesos judiciales vigentes en Colombia, serán puestos en libertad.

La controversia surge después de que la gobernadora de la provincia ecuatoriana de Carchi anunciara el sábado la expulsión de más de 800 personas.

Esta medida responde al plan impulsado por el presidente Daniel Noboa, quien en 2024 manifestó su intención de deportar a los reos extranjeros, en particular colombianos, como parte de una estrategia para reducir el hacinamiento carcelario.

Los primeros traslados comenzaron en abril con grupos pequeños, pero la operación se ha intensificado en las últimas semanas.