El hombre detrás de la famosa “casita” de Bad Bunny rompió el silencio: a sus 84 años, Román Carrasco Delgado demandó al ídolo urbano por 6 millones de dólares, alegando que solo recibió 5,200 por permitir que su vivienda fuera usada en el cortometraje y posteriores producciones del artista.

El propietario de la vivienda conocida como “la casita”, utilizada en el cortometraje que acompañó el álbum Debí Tirar Más Fotos (DTMF) de Bad Bunny, presentó una demanda millonaria contra el astro puertorriqueño y su equipo de producción, alegando incumplimientos contractuales, enriquecimiento injusto y daños a su privacidad.

El demandante, Román Carrasco Delgado, de 84 años y residente en Humacao, reclama 5 millones de dólares por enriquecimiento injusto y 1 millón adicional por daños y angustias emocionales.

Carrasco sostiene que únicamente recibió dos pagos —uno de 2,400 y otro de 2,800 dólares, para un total de 5,200 dólares— a cambio de permitir el uso de su casa durante las grabaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2024. Según su versión, la compensación fue desproporcionada frente al uso posterior y reiterado de la propiedad en distintos productos del artista.

El hombre asegura que la producción de Bad Bunny utilizó su vivienda más allá del cortometraje, incluyendo en videos musicales, conciertos y materiales promocionales. En particular, señala que reproducciones de la casa fueron proyectadas en los espectáculos del cantante en el Coliseo de Puerto Rico.

En la querella, Carrasco denuncia que su firma fue utilizada de manera irregular: afirma que se le pidió firmar en blanco sobre la pantalla de un teléfono y que luego esa rúbrica fue transferida a contratos que nunca le fueron leídos ni entregados.

El propietario también alega que la exposición mediática de su vivienda ha derivado en una invasión a su vida privada. Relata que turistas y seguidores de Bad Bunny llegan con frecuencia a la residencia para tomarse fotografías y grabar videos, lo que, según él, ha generado molestias, comentarios ofensivos y pérdida de tranquilidad en su entorno.

Además de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, la demanda incluye a las compañías Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR Inc. y A1 Productions LLC, acusadas de beneficiarse económicamente del uso de la propiedad sin brindar una retribución justa.

El caso ahora queda en manos de los tribunales de Puerto Rico, donde se deberá determinar si existió fraude contractual, enriquecimiento ilícito y violación a derechos de imagen y privacidad.

Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes de la última década, no ha emitido comentarios públicos sobre la querella hasta el momento.