La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión clave que permite al gobierno de Donald Trump avanzar con un plan que permite despedir a miles de empleados federales y reorganizar casi 20 agencias, incluso mientras el tema sigue siendo debatido en tribunales inferiores.
Con esta decisión, que revierte una orden judicial previa, el equipo de Trump podrá seguir adelante con cambios importantes en departamentos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) o la Administración del Seguro Social (SSA), sin esperar la aprobación del Congreso. La medida ha sido criticada por sindicatos y algunos sectores políticos, que temen que se pierdan servicios clave para la ciudadanía.
El plan de recortes fue inicialmente impulsado por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que en su momento estuvo dirigido por Elon Musk.
Aunque Musk ya no forma parte del gobierno, su huella en la estrategia sigue presente. La única voz en contra en el tribunal fue la jueza Ketanji Brown Jackson, quien advirtió sobre el «entusiasmo alarmante» de sus colegas por permitir decisiones que calificó de dudosa legalidad.
A pesar de la polémica, otras juezas consideradas progresistas, como Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron a favor de la medida en esta etapa del proceso. Ambas aclararon que todavía hay espacio para evaluar la legalidad de estos despidos más adelante.
