Por primera vez, la Corte Penal Internacional (CPI) va tras altos mandos talibanes por persecución sistemática contra mujeres y niñas en Afganistán. El tribunal con sede en La Haya emitió órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad basados en motivos de género, señalando al líder supremo y a otro dirigente por graves violaciones de derechos humanos desde agosto de 2021.
Los jueces sostienen que las autoridades talibanes impusieron políticas que cercenaron libertades fundamentales: desde la educación y privacidad, hasta el libre pensamiento, movimiento y expresión. También se documentaron abusos contra personas cuya sexualidad o identidad de género no se alineaba con las normas impuestas por el régimen.
Aunque la CPI no cuenta con fuerza policial propia, sus 125 Estados miembros están obligados a colaborar. Esto convierte a los acusados en fugitivos internacionales, incapaces de pisar territorio miembro sin arriesgar la detención inmediata.
