Elon Musk y su servicio de internet satelital Starlink están en el centro de una nueva controversia internacional. Según medios internacionales, negociadores estadounidenses han utilizado la posibilidad de cortar el acceso de Starlink en Ucrania como una herramienta de presión para que el gobierno de Volodímir Zelenski ceda derechos sobre minerales estratégicos.

Starlink se ha convertido en un recurso clave para la comunicación del ejército ucraniano y la población civil, ya que muchas de las infraestructuras de telecomunicaciones del país han sido destruidas tras más de tres años de guerra.

Esta no es la primera vez que Musk y Starlink influyen en el conflicto. En septiembre de 2023, el empresario ordenó desactivar el servicio en Crimea, lo que impidió un ataque naval ucraniano contra la flota rusa en el Mar Negro.

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Como resultado, los barcos rusos sobrevivieron y, posteriormente, bombardearon objetivos en Ucrania, causando víctimas civiles. El gobierno de Kiev ha criticado duramente la injerencia de Musk, pero sigue dependiendo de Starlink, ya que cuenta con 42.000 terminales activos, de los cuales casi la mitad han sido financiados por Polonia. La red satelital también es esencial para el uso de drones y otros sistemas militares que Ucrania ha incorporado en su estrategia de defensa.

El secretario general estadounidense Marco Rubio expresó su apoyo a Starlink y a la participación de Elon Musk en la guerra de Ucrania a través de un mensaje en la red social X. En respuesta a las críticas del canciller polaco sobre la influencia de Musk en el conflicto, Rubio afirmó: «Deberían dar las gracias porque sin Starlink ya Ucrania habría perdido esta guerra hace mucho tiempo». Con esta declaración, el secretario subrayó la importancia del sistema de internet satelital para la resistencia ucraniana, argumentando que su presencia ha sido clave para mantener las operaciones militares y la comunicación en el país.

Mientras tanto, la creciente influencia de Musk dentro del gobierno de Donald Trump ha generado preocupación en distintos países. Países que antes eran reacios a permitir el servicio, como Sudáfrica o Taiwán, están ahora evaluando su entrada.

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