Estados Unidos enviará 1.500 militares a la frontera con México para combatir la migración ilegal, una medida ordenada por Trump, quien busca frenar el flujo migratorio desde América Latina y reforzar la seguridad fronteriza.
Además, el presidente impulsa restricciones migratorias severas, como el fin de la ciudadanía por nacimiento y la repatriación de migrantes sin documentos.
El Departamento de Justicia amenazó con demandas a las autoridades locales que no colaboren con las políticas de deportación masiva, especialmente contra las «ciudades santuario» que protegen a migrantes irregulares. Trump asegura que estas políticas amenazan la seguridad pública.
Sumando a ello que el Congreso aprobó la Ley Laken Riley, que exige detener a migrantes irregulares acusados de delitos, como por ejemplo robo. Esta legislación se inspira en el asesinato de una joven por un migrante venezolano en situación irregular.
