La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó archivar la denuncia constitucional 509 contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas en las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La decisión fue tomada con 12 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, en una sesión dirigida por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López Ureña.
El informe sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, concluyó que no existen pruebas suficientes que demuestren que la mandataria ni los exministros denunciados incurrieron en homicidio calificado o violaciones graves a los derechos humanos. Según el documento, no se pudo acreditar que se haya utilizado la estructura del Estado con intención de causar muertes o lesiones.
Sin embargo, varios legisladores, entre ellos Ruth Luque, cuestionaron el informe por considerarlo insuficiente y señalaron que esta decisión impide que el Ministerio Público avance en investigaciones más profundas. “Estamos creando una memoria histórica nefasta”, advirtió el congresista Flavio Cruz.
La denuncia también alcanzaba al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo y a los exministros de Defensa e Interior que participaron en la gestión de la crisis. Todos fueron exonerados en esta decisión parlamentaria.
La reconsideración de la votación fue rechazada, dejando firme el archivo de la denuncia. La medida ha generado polémica y reacciones encontradas, especialmente en las regiones que fueron epicentro de las protestas, donde murieron cerca de 50 personas y hubo más de mil heridos.
