La tensión en Turquía escaló a niveles críticos durante la tercera noche de protestas masivas, con las autoridades reportando la detención de 343 personas en todo el país. Las manifestaciones, desencadenadas por el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, bajo cargos de corrupción y apoyo a grupos terroristas, han desafiado las prohibiciones gubernamentales y la fuerte presencia policial. El presidente Recep Tayyip Erdogan, en un discurso enérgico, condenó las protestas, prometiendo no ceder ante lo que describió como «vandalismo y terrorismo callejero».


Ekrem Imamoglu, figura prominente del Partido Republicano del Pueblo, es visto como un fuerte rival político de Erdogan, y su detención ha sido ampliamente interpretada como una maniobra política para socavar su creciente influencia. Miles de personas se congregaron en Estambul, desafiando la prohibición de reuniones, y se enfrentaron a la policía antidisturbios, que respondió con balas de goma y gas pimienta. Otras ciudades, como Esmirna y Ankara, también fueron escenario de intensas protestas, evidenciando el creciente descontento popular.


Ozgur Ozel, líder del CHP, ha intensificado el llamado a la movilización, instando a los ciudadanos a «romper las barricadas» y tomar las calles de manera pacífica. La respuesta del gobierno ha sido endurecer las medidas represivas, extendiendo la prohibición de reuniones a Ankara e Izmir y cerrando puentes clave en Estambul. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, criticó duramente las manifestaciones y anunció la detención de 54 personas por «incitar al odio y la hostilidad» en redes sociales, además de reportar 16 policías heridos.


La oposición denuncia que los arrestos de Imamoglu y otros políticos, periodistas y figuras públicas forman parte de una campaña de represión política orquestada por el gobierno de Erdogan. Sin embargo, el Ministerio de Justicia niega cualquier injerencia política y defiende la independencia del poder judicial. Este enfrentamiento político se produce en un contexto de creciente polarización en Turquía, donde Erdogan ha consolidado su poder durante más de dos décadas.

La detención de Imamoglu ocurre en un momento político crucial, ya que se perfilaba como un fuerte candidato para las elecciones presidenciales de 2028. Su arresto ha generado una ola de indignación y solidaridad, con el CHP convocando a una votación simbólica para mostrar el apoyo popular al alcalde detenido. La situación plantea un desafío significativo para el gobierno de Erdogan, que enfrenta una creciente presión interna y externa por su historial de derechos humanos y su tendencia autoritaria.